LA REGULACIÓN
DE LAS PROFESIONES DEL DEPORTE Y LA PROTECCIÓN DE LOS DEPORTISTAS
En
los últimos años se ha producido en España una gran expansión del deporte y la
actividad física (DyAF) entre la población. Superamos el índice del 45% de
practicantes en casi todas las Comunidades Autónomas. Además, se ha generado un
importante movimiento económico
alrededor del deporte. Industria, servicios, empleos, material deportivo, etc.,
suponen un acicate para la actual economía.
La
importancia actual del deporte es fruto, sin duda, del impulso generado por los
poderes públicos que han considerado el DyAF una actividad de interés general y
por tanto un servicio público que a su vez ha sido capaz de estimular al sector
privado.
El
DyAF ha dejado de ser un pasatiempo de las clases acomodadas para convertirse
en una actividad de INTERES GENERAL y un derecho ciudadano. Avalados por la
Constitución, el DyAF se asocian a la promoción de la salud.
Sin
embargo, a pesar de este desarrollo, mientras que otros servicios y actividades
se han regulado para proteger a los usuarios (participantes, consumidores) de
los riesgos que pueda acarrear el uso de estos servicios, el DyAF han
permanecido sin regulación.
Es
necesario señalar que el desarrollo de esta actividad o servicio acarrea un plus
de riesgo para el usuario/participante, sobre todo si no se planifica ni se
controlan las variables/elementos que pueden resultar peligrosas. El deporte y
la actividad física pueden resultar beneficiosos para las personas, pero
también pueden resultar perjudiciales y/o lesivos si no se controlan los
riesgos que comporta el ejercicio.
¿Hacia dónde
nos conduce la falta de regulación de las profesiones del deporte?
La
obligación de los Poderes públicos es garantizar la seguridad y la salud de los
usuarios de servicios. El recurso más importante que utiliza este servicio, del
cual depende, es el “técnico deportivo”. Importantes documentos en todo el
mundo, entre los que destaca “La carta europea del deporte”, recomiendan la
formación y cualificación de las personas que dirigen estas actividades.
En
España ha habido una gran inversión en la formación oficial de técnicos
deportivos: 40 Facultades de Ciencias del DyAF, desarrollo de la FP y las enseñanzas de régimen
especial de técnicos deportivos. Sin embargo, este sistema de formación no ha
encontrado correspondencia con el mercado.
Al
no estar reguladas las profesiones del deporte ha crecido de forma salvaje un
mercado en precario. Cualquiera puede dirigir un grupo de personas en la
competición, en la enseñanza, en la recreación deportiva. Se trata de una
situación de “intrusismo alegal” que pone en riesgo a los que practican.
Por
otro lado, la falta de regulación ha facilitado la aparición de empresas de
formación que aprovechándose de la confusión y falta de regulación han hecho
negocio ofreciendo falsas titulaciones (en algunos casos con publicidad engañosa).
Se
ha producido una quiebra en el sistema. No existe correspondencia entre el
sistema de formación y el mercado. La falta de regulación de las profesiones
del deporte ha generado un desorden tanto en el sistema de formaciones como en
el mercado de las actividades físico-deportivas, que desprotege a los usuarios
y participantes.
¿Qué ha hecho
el gobierno del PP?
El
gobierno socialista de Zapatero abrió la puerta de la regulación presentando
hasta dos propuestas de ley (en 2007 y 2011) que finalmente no pudieron
tramitarse por diversas razones.
La
primera vez que el gobierno socialista presentó un Anteproyecto de ley, tuvo
que enfrentarse al conflicto creado con el Estatut catalán y la denuncia de
inconstitucionalidad presentada por el PP. La aprobación de la Ley 8/2008 de
las profesiones del deporte en Cataluña provocó una situación difícil de asumir
por el Estado. Por un lado, la propuesta socialista de 2007 no se correspondía
exactamente con el texto catalán que, además, se encontraba afectado por el
recurso de inconstitucionalidad.
Resuelto
el recurso sobre el Estatut catalán por el tribunal Constitucional, el gobierno
socialista presentó un segundo anteproyecto de ley. Debido a que la legislatura
finalizó precipitadamente en noviembre de 2011, el anteproyecto no pudo ser tramitado,
aunque todos los grupos parlamentarios de las Cortes votaron a favor de una
moción que apoyaba la propuesta.
Sin
embargo, desde que el PP gobierna en el
Estado se ha sustituido el interés general relativo a la salud y la seguridad
de las personas por el interés liberalizador del mercado y la economía.
Y eso, a pesar de haberse manifestado
a favor de la regulación en varias ocasiones. El ministro Wert, en su toma de
posesión y en sede parlamentaria, manifestó la voluntad de aprobar una ley que
regulara las profesiones del deporte.
Otro ejemplo de agresión a estas
profesiones, de orientar las políticas hacia el mercantilismo y la
desprotección de los usuarios, es la aprobación del anteproyecto de Ley de
Servicios y Colegios profesionales, aprobado por el gobierno del PP en la
Comisión de Ministros y que deja fuera de las colegiaciones obligatorias a los
profesionales del DyAF.
Los
argumentos esgrimidos son un nuevo embuste. El PP se ha amparado en las directivas
europeas que pretenden garantizar la libertad de circulación de los
profesionales en Europa. Sin embargo las propias directivas reconocen que aquellos
servicios y/o actividades que afecten a la salud o la seguridad de las personas,
deberán proteger a los usuarios. La principal garantía para que en el deporte y
la actividad física se proteja la salud y seguridad de las personas es disponer
de un profesional cualificado.
El partido socialista
siempre se ha manifestado a favor de ordenar el ejercicio de los profesionales
del deporte, por
ello es contrario a este anteproyecto de ley que deja sin control y desordena,
aun más, el sector del DyAF.
La
deriva que está adquiriendo el mercado es peligrosísima ya que nos lleva a la
selva, la falta de control y la precariedad en todos los ámbitos (laboral,
profesional, economía sumergida, la falta de protección para el usuario…).
Cambiemos
de gobierno y protejamos a las personas!
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