LA REGULACIÓN DE LAS PROFESIONES DEL DEPORTE EN LA COMUNIDAD VALENCIANA

Las Cortes Valencianas aprobaron la Ley 2/2011 del deporte y la actividad física que recoge en su disposición adicional 2ª el mandato al Consell de presentar un proyecto de Ley para la regulación de las profesiones del deporte. Esta disposición fue incluida, entre otras, gracias a una enmienda del PSPV-PSOE.

Una vez aprobada la ley, el gobierno del PP en la Comunitat Valenciana, no solo se ha olvidado de ella sino que apoya la dirección contraria hacia la desregulación y la liberalización absoluta del mercado laboral.

En estos momentos nos encontramos con un mercado desregulado donde más del 40% de los técnicos deportivos no tienen titulación, y dónde menos del 20% de los técnicos tiene la titulación adecuada para el desempeño específico de la actividad deportiva.

¿Cuáles son las PROPUESTAS del PSPV-PSOE?:

1. Regular las profesiones en el deporte (Andalucía, Extremadura, Canarias, País Vasco y Cataluña…) han presentado iniciativas o han regulado.
2. Reforzar el papel de los colegios profesionales como garantes de la calidad de los servicios. Registro de profesionales, código deontológico, seguro de responsabilidad civil obligatorio, reclamaciones, defensa de los usuarios.
3. Promover las formaciones de técnicos deportivos poniendo en marcha l´Escola de l´esport, incorporando a las federaciones y las universidades.
4. Poner en marcha la inspección de la Generalitat para evitar las situaciones de intrusismo tal y como estable la ley valenciana.
5. Incentivar la contratación de técnicos deportivos por parte de los clubes (reducción de cargas laborales, contratos de formación). Esto permitirá que afloren nuevos contratos y se incorporen muchos técnicos al mundo laboral.
6. Exigir la titulación oficial a todos los técnicos deportivos que actúen en la práctica sobre los deportistas, especialmente jóvenes y poblaciones especiales.

Con estas propuestas se pretende:

- Favorecer el control y, por tanto, la garantía de seguridad para el usuario.

- Estimular la competencia en el mercado sobre la base de la calidad y no la precariedad de los servicios.

- Ofrecer coherencia al sistema de formación y eficiencia a la inversión pública conectando este sistema con el mercado.