La gestión del servicio
deportivo en la FDM del Ayuntamiento de Valencia.
A principios de los 80 las únicas
instalaciones deportivas públicas en Valencia eran, la piscina Valencia, y la Hípica. Estos equipamientos eran gestionados
en forma de concesión. Por otro lado, el parque sindical deportivo de Nazaret se encontraba en plena fase de
traspaso del Estado a la Generalitat.
Conscientes de que la tercera
capital de España no podía continuar con ese déficit de infraestructuras
deportivas públicas, los primeros consistorios democráticos de la ciudad
empezaron a interesarse por la construcción de instalaciones deportivas y la
puesta en marcha de programas de actividades y servicios público-deportivos
orientados a los ciudadanos.
Fruto de este interés nace en
abril de 1981 la Fundación Deportiva Municipal (FDM). Su primer presupuesto
completo, el del año 1982, ascendía a 26 millones de pesetas (aprox. unos
156.000 €). Su cometido, encargado por el pleno municipal, gestionar las
futuras instalaciones deportivas municipales y actuar como entidad pública
especializada en materia de deportes. Según rezaban sus Estatutos: Planificar, desarrollar, gestionar programas
de actividades deportivas propias y en colaboración con otras entidades
ciudadanas que fomentan el deporte.
En 1983 aparecen los primeros
polideportivos municipales en régimen de gestión directa de la FDM: El Saler, Fuente de San Luis; Benicalap y
Raco de Boix. Hasta 1991 el crecimiento en IIDDMM fue moderado. Se
construyeron 9 Instalaciones deportivas elementales (IDEs), se reordenaron los
espacios deportivos en el Jardín del Turia y se recuperaron, para la gestión
municipal, las dos instalaciones que estaban cedidas (Piscina Valencia y más tarde La Hípica). Además se transfirió,
desde la Generalitat, el Polideportivo
de Nazaret. Es necesario recalcar que en estos años se realizó una gran
labor de diseño de ciudad y planificación que posteriormente daría sus frutos.
A partir de 1992, Rita Barberá ejecutó
los proyectos ya diseñados en la anterior y aparecen: el Velódromo Luis Puig, el polideportivo de “El Carmen”, el Estadio del Turia, Doctor Lluch y otras más
pequeñas como el polideportivo de Juegos
tradicionales y el Pabellón de San Isidro. Se construyen nuevas IDEs en el
espacio urbano, y aparecen otras dos instalaciones deportivas singulares: Monteolivete (para el deporte del tenis),
Bórbotó para el deporte de la pilota valenciana.
Hasta 1995 la gestión del
servicio deportivo público del Ayuntamiento, respondía al modo de gestión directa a través de su organismo autónomo local, la FDM.
Este organismo tenía empleados, en esos momentos, alrededor de 150 trabajadores
y, el presupuesto ascendía, aproximadamente, a 3,2 millones de euros (5300
millones de pesetas). Es, en esta legislatura (1995-1999), cuando la FDM
empieza a cuestionarse la gestión directa del servicio público, ya que los
gastos de personal habían disparado el presupuesto y se preveía la llegada de
una oleada de nuevas instalaciones.
El gran crecimiento cuantitativo,
en número de instalaciones deportivas municipales (IIDDMM), se produce en la
segunda y tercera legislatura de Rita Barberá (1995 – 2003). En estos 8 años se
pasa de trece a cuarenta y tres IIDDMM. Aparecen los grandes complejos
deportivos como Abastos, Patraix,
Orriols, Ayora, Petxina, Marxalenes, La Rambleta y los polideportivos de “El
Cabanyal” y Malvarrosa. Además, se pone en marcha un plan de construcción
de piscinas en complejos más modestos como Benimàmet,
Trafalgar, Torrefiel, Parque del Oeste, Fuente de San Luis, etc. Se continúan construyendo IDEs y empiezan
a transformarse los campos de fútbol
de tierra en modernas instalaciones con césped artificial, riego automatizado,
iluminación y espacios auxiliares (kioskos-bares, vestuarios, etc.).
El Ayuntamiento, titular de las
instalaciones deportivas toma la decisión de sacar a concurso público la
gestión indirecta de los grandes complejos deportivos. Se introduce, por tanto,
a partir de 1999, una nueva forma de
gestionar el servicio público deportivo en la ciudad. Aunque ya existían
antecedentes como la piscina Valencia o la Hípica, el nuevo modelo de gestión indirecta, que estaba
imponiéndose en otras ciudades españolas, se abre paso en Valencia.
Este modelo supone que el Ayuntamiento licita y adjudica el
servicio a la empresa con la mejor oferta y, percibe a cambio un canon de
explotación de la empresa. La FDM queda delegada por el Ayuntamiento para
realizar el control y seguimiento de la actividad, sin percibir compensación
alguna. Por otro lado, el presupuesto de
personal de la FDM se congeló, entendiéndose que de este modo se evitaba un
sobredimensionamiento de la plantilla, difícil de gestionar en el futuro.
Más discutible es el argumento
empleado por la parte política cuando se intentó justificar la gestión indirecta
como un modo de gestión más económico y eficaz o, que aumentaba la calidad del
servicio. La experiencia ha demostrado que no ha sido así en todos los casos y
que han existido grandes fracasos en la
gestión de los polideportivos Rambleta (dos años parado), Piscina Valencia,
Piscina de San Luis, Torrefiel, etc.
Sin entrar a valorar la
oportunidad política de la elección de este modelo de gestión, cabe afirmar que
el modelo responde a los principios de
legalidad. Por un lado, el órgano titular del bien público decide el modelo
de gestión y, por otro lado, licita el servicio público para que cualquier
operador en el mercado opte a la prestación de dicho servicio. Finalmente, el
Ayuntamiento adjudica el servicio a la entidad que en el proceso de licitación
obtenga mejor calificación.
Sin embargo, este modo de actuar
no se ha trasladado a otros bienes municipales, de carácter deportivo, como los
campos de fútbol, rugby, béisbol, etc.,
y otros espacios polideportivos como Petxina,
Beteró, Asturias… Ni tampoco se han gestionado estos equipamientos de forma
directa por la FDM.
El gobierno del PP se inventó una
nueva forma de gestión a través entidades deportivas (clubes y federaciones
deportivas) que se ha demostrado, produce un quebranto de los principios de legalidad, ya que, se adjudica de
forma directa la instalación, sin ningún procedimiento de licitación. Algunas entidadse han salido beneficiadas por esta fórmula frente a otras que no han podiodo acceder.
Y, además, se han servido de la FDM para realizar esta operación cuando, es sabido que la FDM no tiene competencia legal para ceder o adjudicar los bienes municipales. Los convenios que se han firmado entre la FDM y las entidades deportivas son, por tanto, nulos de pleno derecho, ya que, soportan estos mismos vicios jurídicos.
Y, además, se han servido de la FDM para realizar esta operación cuando, es sabido que la FDM no tiene competencia legal para ceder o adjudicar los bienes municipales. Los convenios que se han firmado entre la FDM y las entidades deportivas son, por tanto, nulos de pleno derecho, ya que, soportan estos mismos vicios jurídicos.
Lo grave de esta situación es que se ha perpetuado durante más de 16 años y que
ha pasado por diferentes filtros y controles municipales sin que se haya
cuestionado, hasta hace poco tiempo, coincidiendo con la entrada en
funcionamiento de la plataforma integral de la Administración electrónica
(PIAE) del Ayuntamiento de Valencia.
En estos momentos son casi 40 instalaciones o espacios deportivos
municipales, los que se encuentran en situación precaria al encontrarse con
los convenios finalizados.
El nuevo gobierno tiene ante sí
una ardua tarea, ya que deberá reordenar el sistema y revertir a la legalidad el quebranto jurídico producido. Fórmulas
existen y han sido facilitadas a los responsables políticos (han emergido sobre
todo desde la puesta en marcha del PIAE) para que eligieran la más conveniente
en cada caso. Desde la recuperación del servicio y consecuente gestión directa
de la FDM a otras fórmulas (legales) que permiten participar la gestión a través
de entidades sin ánimo de lucro, eso sí cumpliendo con los principios de
publicidad y concurrencia.
Destacar la fórmula de la gestión participada, un proceso de
participación ciudadana que finaliza con una acción de fomento del Ayuntamiento
hacia una entidad sin ánimo de lucro que presenta un proyecto deportivo de
interés general y que cumple con los objetivos públicos y la legalidad
existente. La FDM actuaría como mediadora en el proceso de participación y
posteriormente como inspectora, realizando el control y el seguimiento de las
actividades. Esta fórmula se plantea como alternativa o complementaria a la gestión directa, que
en estos momentos supondría un quebranto económico para la FDM, difícil de
superar.
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