La gestión del servicio deportivo en la FDM del Ayuntamiento de Valencia.


A principios de los 80 las únicas instalaciones deportivas públicas en Valencia eran, la piscina Valencia, y la Hípica. Estos equipamientos eran gestionados en forma de concesión. Por otro lado, el parque sindical deportivo de Nazaret se encontraba en plena fase de traspaso del Estado a la Generalitat.

Conscientes de que la tercera capital de España no podía continuar con ese déficit de infraestructuras deportivas públicas, los primeros consistorios democráticos de la ciudad empezaron a interesarse por la construcción de instalaciones deportivas y la puesta en marcha de programas de actividades y servicios público-deportivos orientados a los ciudadanos.

Fruto de este interés nace en abril de 1981 la Fundación Deportiva Municipal (FDM). Su primer presupuesto completo, el del año 1982, ascendía a 26 millones de pesetas (aprox. unos 156.000 €). Su cometido, encargado por el pleno municipal, gestionar las futuras instalaciones deportivas municipales y actuar como entidad pública especializada en materia de deportes. Según rezaban sus Estatutos: Planificar, desarrollar, gestionar programas de actividades deportivas propias y en colaboración con otras entidades ciudadanas que fomentan el deporte.

En 1983 aparecen los primeros polideportivos municipales en régimen de gestión directa de la FDM: El Saler, Fuente de San Luis; Benicalap y Raco de Boix. Hasta 1991 el crecimiento en IIDDMM fue moderado. Se construyeron 9 Instalaciones deportivas elementales (IDEs), se reordenaron los espacios deportivos en el Jardín del Turia y se recuperaron, para la gestión municipal, las dos instalaciones que estaban cedidas (Piscina Valencia y más tarde La Hípica). Además se transfirió, desde la Generalitat, el Polideportivo de Nazaret. Es necesario recalcar que en estos años se realizó una gran labor de diseño de ciudad y planificación que posteriormente daría sus frutos.

A partir de 1992, Rita Barberá ejecutó los proyectos ya diseñados en la anterior y aparecen: el Velódromo Luis Puig, el polideportivo de “El Carmen”, el Estadio del Turia, Doctor Lluch y otras más pequeñas como el polideportivo de Juegos tradicionales y el Pabellón de San Isidro. Se construyen nuevas IDEs en el espacio urbano, y aparecen otras dos instalaciones deportivas singulares: Monteolivete (para el deporte del tenis), Bórbotó para el deporte de la pilota valenciana.

Hasta 1995 la gestión del servicio deportivo público del Ayuntamiento, respondía al modo de gestión directa a través de su organismo autónomo local, la FDM. Este organismo tenía empleados, en esos momentos, alrededor de 150 trabajadores y, el presupuesto ascendía, aproximadamente, a 3,2 millones de euros (5300 millones de pesetas). Es, en esta legislatura (1995-1999), cuando la FDM empieza a cuestionarse la gestión directa del servicio público, ya que los gastos de personal habían disparado el presupuesto y se preveía la llegada de una oleada de nuevas instalaciones.

El gran crecimiento cuantitativo, en número de instalaciones deportivas municipales (IIDDMM), se produce en la segunda y tercera legislatura de Rita Barberá (1995 – 2003). En estos 8 años se pasa de trece a cuarenta y tres IIDDMM. Aparecen los grandes complejos deportivos como Abastos, Patraix, Orriols, Ayora, Petxina, Marxalenes, La Rambleta y los polideportivos de “El Cabanyal” y Malvarrosa. Además, se pone en marcha un plan de construcción de piscinas en complejos más modestos como Benimàmet, Trafalgar, Torrefiel, Parque del Oeste, Fuente de San Luis, etc. Se continúan construyendo IDEs y empiezan a transformarse los campos de fútbol de tierra en modernas instalaciones con césped artificial, riego automatizado, iluminación y espacios auxiliares (kioskos-bares, vestuarios, etc.).

El Ayuntamiento, titular de las instalaciones deportivas toma la decisión de sacar a concurso público la gestión indirecta de los grandes complejos deportivos. Se introduce, por tanto, a partir de 1999, una nueva forma de gestionar el servicio público deportivo en la ciudad. Aunque ya existían antecedentes como la piscina Valencia o la Hípica, el nuevo modelo de gestión indirecta, que estaba imponiéndose en otras ciudades españolas, se abre paso en Valencia.

Este modelo supone que el Ayuntamiento licita y adjudica el servicio a la empresa con la mejor oferta y, percibe a cambio un canon de explotación de la empresa. La FDM queda delegada por el Ayuntamiento para realizar el control y seguimiento de la actividad, sin percibir compensación alguna. Por otro lado, el presupuesto de personal de la FDM se congeló, entendiéndose que de este modo se evitaba un sobredimensionamiento de la plantilla, difícil de gestionar en el futuro.

Más discutible es el argumento empleado por la parte política cuando se intentó justificar la gestión indirecta como un modo de gestión más económico y eficaz o, que aumentaba la calidad del servicio. La experiencia ha demostrado que no ha sido así en todos los casos y que han existido grandes fracasos en la gestión de los polideportivos Rambleta (dos años parado), Piscina Valencia, Piscina de San Luis, Torrefiel, etc.

Sin entrar a valorar la oportunidad política de la elección de este modelo de gestión, cabe afirmar que el modelo responde a los principios de legalidad. Por un lado, el órgano titular del bien público decide el modelo de gestión y, por otro lado, licita el servicio público para que cualquier operador en el mercado opte a la prestación de dicho servicio. Finalmente, el Ayuntamiento adjudica el servicio a la entidad que en el proceso de licitación obtenga mejor calificación.

Sin embargo, este modo de actuar no se ha trasladado a otros bienes municipales, de carácter deportivo, como los campos de fútbol, rugby, béisbol, etc., y otros espacios polideportivos como Petxina, Beteró, Asturias… Ni tampoco se han gestionado estos equipamientos de forma directa por la FDM.

El gobierno del PP se inventó una nueva forma de gestión a través entidades deportivas (clubes y federaciones deportivas) que se ha demostrado, produce un quebranto de los principios de legalidad, ya que, se adjudica de forma directa la instalación, sin ningún procedimiento de licitación. Algunas entidadse han salido beneficiadas por esta fórmula frente a otras que no han podiodo acceder.

Y, además, se han servido de la FDM para realizar esta operación cuando, es sabido que la FDM no tiene competencia legal para ceder o adjudicar los bienes municipales. Los convenios que se han firmado entre la FDM y las entidades deportivas son, por tanto, nulos de pleno derecho, ya que, soportan estos mismos vicios jurídicos.

Lo grave de esta situación es que se ha perpetuado durante más de 16 años y que ha pasado por diferentes filtros y controles municipales sin que se haya cuestionado, hasta hace poco tiempo, coincidiendo con la entrada en funcionamiento de la plataforma integral de la Administración electrónica (PIAE) del Ayuntamiento de Valencia.

En estos momentos son casi 40 instalaciones o espacios deportivos municipales, los que se encuentran en situación precaria al encontrarse con los convenios finalizados.

El nuevo gobierno tiene ante sí una ardua tarea, ya que deberá reordenar el sistema y revertir a la legalidad el quebranto jurídico producido. Fórmulas existen y han sido facilitadas a los responsables políticos (han emergido sobre todo desde la puesta en marcha del PIAE) para que eligieran la más conveniente en cada caso. Desde la recuperación del servicio y consecuente gestión directa de la FDM a otras fórmulas (legales) que permiten participar la gestión a través de entidades sin ánimo de lucro, eso sí cumpliendo con los principios de publicidad y concurrencia.

Destacar la fórmula de la gestión participada, un proceso de participación ciudadana que finaliza con una acción de fomento del Ayuntamiento hacia una entidad sin ánimo de lucro que presenta un proyecto deportivo de interés general y que cumple con los objetivos públicos y la legalidad existente. La FDM actuaría como mediadora en el proceso de participación y posteriormente como inspectora, realizando el control y el seguimiento de las actividades. Esta fórmula se plantea como alternativa o complementaria a la gestión directa, que en estos momentos supondría un quebranto económico para la FDM, difícil de superar.

Mencionar también que el programa electoral del PSPV-PSOE, en las últimas elecciones municipales planteaba la gestión participada como una alternativa a los modos de gestión tradicionales que, en algunos casos, no aportaban soluciones a los problemas planteados por la crisis económica.


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