La gestión pública de las instalaciones deportivas





La política dotacional de instalaciones deportivas en la Comunidad Valenciana ha sido caótica, en algunos casos ha aportado escasa financiación y sobre todo partidista. La ausencia de planificación y el quedar bien con el alcalde amigo ha sido la nota habitual. Aun así, el parque de instalaciones deportivas ha mejorado mucho en los últimos 15 años. Los Ayuntamientos han realizado un enorme esfuerzo de inversión aprovechando la burbuja económica. No siempre ha sido una inversión planificada, ni ha respondido a una necesidad ciudadana medida, sino más bien al efecto de una moda, a un capricho electoral. Fruto de esta nefasta actuación pública, ahora, nos encontramos con instalaciones cerradas (alguna piscina cubierta, pabellón, etc.) o con escasa afluencia de usuarios, instalaciones caras y difíciles de gestionar. Por otro lado, existen todavía muchas necesidades deportivas por cubrir para conseguir un equilibrio territorial que permita el acceso al deporte a todos los ciudadanos y ciudadanas en las mismas condiciones de práctica.

No obstante, cuando se ha invertido en instalaciones deportivas se ha dignificado la práctica por la calidad de las nuevas instalaciones y los materiales empleados, en general. Se han sustituido las antiguas infraestructuras deportivas por nuevas y modernas instalaciones deportivas de última generación. Un ejemplo claro son los campos de fútbol de césped artificial (ahora sabemos que el Plan de Césped artificial del Sr. Rus en la Diputación de Valencia sirvió a asuntos oscuros que se están investigando, pero este es otro tema).  

Tras la crisis del 2008, sobre todo, los Ayuntamientos se vieron incapaces de asumir los costes de mantenimiento de dichas instalaciones y algunos optaron por delegar esta tarea en los clubes locales. Sin embargo, la relación entre el club y el Ayuntamiento no siempre se ha sabido regular respetando la normativa administrativa que impone el régimen local y la contratación pública. Basta comprobar la ausencia de procedimiento licitatorio en la adjudicación de polideportivos, piscinas, salas y tatamis, entre otras muchas… que se gestionan sin un título legítimo y en competencia desleal frente a otras entidades especializadas en la gestión deportiva.

En el mejor de lo casos encontramos unos instrumentos jurídico creados ad-hoc: el “convenio de colaboración o gestión” con el cual, con más voluntad que acierto, los responsables municipales han pretendido regular la gestión, por parte de un club, de determinada instalación deportiva, fijando los derechos y obligaciones de ambas partes. Con la actual legislación la mayoría de estos convenios se encuentran deslegitimados. Sin embargo, algunos Ayuntamientos mantienen esta situación irregular.

Este modelo de gestión ha evidenciado graves problemas y distorsiones que han ido apareciendo a lo largo de los años. En primer lugar, destaca la falta de experiencia y cualificación del personal del club para mantener y reparar las instalaciones especializadas (por ejemplo el césped artificial), así como otras instalaciones de servicio como bombas de agua, acumuladores, luminarias, etc. Esta situación ha influido en el rápido deterioro de las instalaciones.

Otro de los problemas observados hace referencia a la gestión de los bares y espacios auxiliares, publicidad estática (sin permiso del Ayuntamiento) que, en algún caso, se han asociado a la gestión de la instalación y han sido explotados irregularmente por un club, incluso subarrendando el servicio para obtener más beneficios económicos. También ha sido habitual la falta de limpieza y condiciones higiénicas en general, tanto en bares, espacios auxiliares como en las propias instalaciones.

En ocasiones los clubes, ante la falta de iniciativa del Ayuntamiento o por simple capricho de sus directivos, han realizado obras sin la autorización correspondiente (gradas, cobertizos, almacenes, etc.) en la propia instalación. Todas estas acciones irregulares de los clubes, han puesto en evidencia la falta de capacidad y reacción de algunos Ayuntamientos que se ha visto desbordados.

Se puede concluir, tras evaluar la gestión de estas instalaciones deportivas municipales que el modelo de gestión utilizado ha provocado innumerables problemas relacionados, por un lado, con la falta de especialización de los clubes para gestionar y mantener estas instalaciones y, por otro lado, con la patrimonialización del bien público por parte de algunos clubes, que ante la dificultad de control y falta de capacidad del Ayuntamiento, han actuado como si fueran los propietarios, explotando la instalación de forma privada.


Uno de los ejemplos más claros de este modelo de gestión es la de los campos de fútbol.

Habitualmente nos encontramos a un club gestionando una instalación municipal sin ningún instrumento jurídico que regule dicha gestión o con convenios finalizados o rebasados por la legislación actual. Esta situación genera una enorme inseguridad jurídica.

En algunas ocasiones se incumple el principio de igualdad de trato y libre concurrencia, ya que, en el municipio existe más de un club y no todos pueden optar a gestionar estas instalaciones. ¿Por qué unos si y otros no? La mayoría de las veces nos encontramos con una decisión arbitraria.

La mayoría de los clubes piden gestionar los campos de fútbol, ya que les sitúa en una posición de ventaja sobre los demás clubes. Sin embargo, solo unos pocos tienen este privilegio. El club gestor elige los horarios, fija la planificación de la instalación y controla su disponibilidad. Los demás clubes dependen de la mediación del Ayuntamiento para mantener la posibilidad de disponer de campo. Lógicamente, aparecen los conflictos entre clubs que luchan por los mejores horarios de entrenamientos y partidos.

Además, gestionar un campo de fútbol municipal se ha convertido en una oportunidad económica para el club gestor, que actúa como entidad sin ánimo de lucro y, por tanto, con ventaja frente a otro tipo de entidades que pagan sus tributos por la actividad económica que generan. Los clubes fijan las cuotas de los usuarios (jugadores, deportistas). Se ha podido comprobar que los precios de las cuotas oscilan entre los 400 y los 800 € anuales por jugador. Además, los clubes obtienen beneficios de bares (que en algunos casos tampoco se pagan tributos), del patrocinio y la publicidad estática, incluso de alquileres del campo a entidades y empresas durante los huecos que deja la actividad propia y, hasta de eventos o actividades como campus deportivos, tecnificación, la venta de material, etc. Toda esta actividad económica deja bastante dinero en caja. Estos beneficios no son siempre declarados al Ayuntamiento. Estamos ante una verdadera explotación económica, ante un servicio privado de los clubes que gestionan instalaciones públicas a cambio del mantenimiento de dicha instalación que, como se ha comentado anteriormente, deja mucho que desear. Mientras tanto el Ayuntamiento sigue invirtiendo millones de euros para reponer lo deteriorado (por ejemplo el césped artificia).

Pero además de esta situación irregular, resulta preocupante el desarrollo de la propia actividad deportiva de los clubes, que escapa al control del Ayuntamiento como todo lo demás. Una actividad que debería orientarse hacia las finalidades públicas, sociales, como la educación, la protección de los menores, la promoción del fútbol femenino, la igualdad de oportunidades y la inclusión, etc., ha derivado, en la mayoría de los casos, a la reproducción de un modelo profesionalizado del fútbol, dónde prima el rendimiento deportivo por encima de la finalidad social, la victoria a todo precio, la actividad económica, etc. Una actividad privada alejada de lo público.

Es más rentable formar equipos de chicos que de chicas. Los horarios mejores los disfrutan los equipos de superior categoría, después los equipos de promoción y finalmente las chicas, en el mejor de los casos.

El acceso a estos campos municipales de fútbol se limita a aquellos que pueden pagar más de 400 € al año para que su hijo juegue en uno de estos clubes.

Los clubes intentan seleccionar jugadores para aumentar su nivel deportivo. El prestigio deportivo, sin duda, atraerá a nuevos usuarios y, por tanto, mayores ingresos. Si para ello es necesario fichar a jugadores de otros municipios, los clubes no se lo piensan y dejan sin jugar a los chavales del pueblo o del barrio. Esta estrategia genera innumerables conflictos entre los clubes que ven cada verano como tienen que luchar con padres y otras directivas para retener a sus mejores jugadores.

Cuanto mayor sea el nivel deportivo del club mayores cuotas se podrán cobrar y el negocio mejora en expectativas. Sin embargo, el negocio no se plantea a largo plazo, ya que no importa mucho que los entrenadores (principal recurso para la formación), estén cualificados y contratados laboralmente, garantizando así la seguridad de los menores y los propios derechos laborales de los entrenadores. Más al contrario, todavía encontramos entrenadores sin ninguna cualificación y cobrando en negro (salvo excepciones).

El “Scouting” está de moda. Se trata, básicamente, de la función que tradicionalmente realizaban los “ojeadores” de toda la vida. El fútbol municipal se ha convertido en un mercado. Como decía el autor francés de la obra “ninguna medalla vale la salud de un niño”, se busca ganado joven para, después, venderlo al mejor precio.

Los conflictos entre clubes son continuos. Se quitan los jugadores unos a otros. Todo por mantener su posición de privilegio. Estos conflictos, a veces, llegan hasta el campo cuando se enfrentan los equipos en partidos de liga, produciendo incidentes de violencia verbal incluso física. La Federación nos podría contar como algunos de los clubes le piden no enfrentarse con el vecino para evitar el drama.

Definitivamente, el modelo de gestión que se pretendía y que debería imitar el desarrollo de unas auténticas escuelas deportivas, cuyo principal objetivo es la transmisión de valores, la creación de hábitos saludables, la participación del barrio, etc., nunca ha llegado a materializarse en estos casos. En cambio impera la competitividad, la patrimonialización del bien público y la mercantilización de la actividad.

¿Por qué se mantiene este modelo de gestión? ¿Por qué no se ha actuado todavía si esto se conoce? ¿Qué intereses impiden cambiar el modelo? ¿Se podría calificar de prevaricación la actuación del Ayuntamiento que “a sabiendas” de lo que ocurre no pone remedio a las problemáticas jurídicas expuestas?

En algunos Ayuntamientos estas preguntas han caído en saco roto. Algún día tendrá que enfrentarse el problema, pero de momento parece que se prioriza otro tipo de política más conservadora, “mirar hacia otro lado”. El fútbol espanta al responsable político, por su carácter mediático. No se sabe cómo hacer frente a esta distorsión de la acción pública. Se construyen las instalaciones deportivas con el objetivo de promover un deporte para todos, de carácter social, que estimule los hábitos saludables, promueva el asociacionismo, etc., y nos encontramos con auténticos negocios y cambalaches, con clubes que fácticamente se convierten en propietarios del bien público y que retan continuamente a los responsables políticos y/o les amenazan con echarles encima a los participantes si el Ayuntamiento nos e pliega a sus intereses.

 Todo, porque desde el principio no se han puesto las condiciones necesarias para asegurar y proteger la actividad deportiva y a los deportistas o participantes. El programa electoral del partido socialista proponía la fórmula de “gestión participada” como alternativa a los actuales convenios de colaboración entre los clubes y los Ayuntamientos.


Tomando como base la opinión de los expertos la solución a este grave problema, pasa por la “gestión participada”. Si queremos mantener un equilibrio entre la promoción del deporte, en defensa de las finalidades públicas (su función social) y, la sostenibilidad económica del servicio, el modelo de gestión participada es el más adecuado y equilibrado.

Los clubes deben dedicarse a gestionar las actividades y, el Ayuntamiento a mantener las instalaciones deportivas. Los clubes pueden ayudar pero no ocuparse de esta tarea especializada.

Por otro lado, ningún club debe recibir más privilegios que otros. No puede haber una decisión arbitraria. Es necesario consensuar un programa deportivo que sea respetado por todos y que garantice un deporte de calidad y los derechos de los deportistas, participantes. Sobre todo el derecho educativo de los menores, es decir, el derecho superior que tienen los menores de recibir la mejor formación posible. La Administración debe garantizar estos derechos procurando que los clubes aporten los mejores entrenadores, programaciones didácticas como las auténticas “escuelas deportivas”, material homologado y una dirección técnica cualificada que coordine la actividad no solo deportiva sino también pedagógica. Facilitar la incorporación de las chicas a todos los equipos y campos. Priorizar el acceso de los niños y niñas del barrio. También es necesario controlar los gastos, ajustar las cuotas al precio real del servicio y garantizar el acceso de aquellos que no pueden pagar por encontrarse en situación de riesgo de exclusión social (sistema de becas, ayudas…).

La fórmula de la gestión participada, para gestionar este tipo de instalaciones, ya se ha experimentado en algún municipio con notable éxito. Por un lado, los clubes pueden crecer y beneficiarse de los servicios municipales y, por otro, el Ayuntamiento promueve un deporte educativo y sano que es su obligación. El Ayuntamiento, en este caso debe vigilar el cumplimiento del programa y exigir a los clubes que cumplan con sus obligaciones: ayudar en la gestión de la instalación y respetar las exigencias legales y desarrollar el programa educativo.

¿Se extenderá próximamente este modelo o continuaremos mirando hacia otra parte? ¿Es mejor resignarse y esperar a que se solucionen, por si mismos, los problemas que ocasiona el modelo de gestión por convenios? En alguna ocasión hemos escuchado a responsables municipales y/o directivos de clubes decir que “el deporte del fútbol es así”.

Sin embargo, la verdad es que el fútbol es como lo hacemos las personas. Hay buenos y malos directivos, interesados y desinteresados. Lo apropiado es ofrecer desde la acción pública un modelo de gestión, de las instalaciones deportivas, sostenible y equilibrado para fomentar un asociacionismo deportivo que verdaderamente contribuya a las finalidades públicas y, en definitiva, al interés general. Por otro lado, es preciso descartar y denunciar modelos que primen la arbitrariedad, fomenten la patrimonialización de las instalaciones públicas y el negocio fácil.

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