La gestión pública de las instalaciones deportivas
La
política dotacional de instalaciones deportivas en la Comunidad Valenciana ha
sido caótica, en algunos casos ha aportado escasa financiación y sobre todo
partidista. La ausencia de planificación y el quedar bien con el alcalde amigo
ha sido la nota habitual. Aun así, el parque de instalaciones deportivas ha
mejorado mucho en los últimos 15 años. Los Ayuntamientos han realizado un
enorme esfuerzo de inversión aprovechando la burbuja económica. No siempre ha
sido una inversión planificada, ni ha respondido a una necesidad ciudadana
medida, sino más bien al efecto de una moda, a un capricho electoral. Fruto de
esta nefasta actuación pública, ahora, nos encontramos con instalaciones cerradas
(alguna piscina cubierta, pabellón, etc.) o con escasa afluencia de usuarios,
instalaciones caras y difíciles de gestionar. Por otro lado, existen todavía
muchas necesidades deportivas por cubrir para conseguir un equilibrio
territorial que permita el acceso al deporte a todos los ciudadanos y
ciudadanas en las mismas condiciones de práctica.
No
obstante, cuando se ha invertido en instalaciones deportivas se ha dignificado
la práctica por la calidad de las nuevas instalaciones y los materiales
empleados, en general. Se han sustituido las antiguas infraestructuras deportivas
por nuevas y modernas instalaciones deportivas de última generación. Un ejemplo
claro son los campos de fútbol de césped artificial (ahora sabemos que el Plan
de Césped artificial del Sr. Rus en la Diputación de Valencia sirvió a asuntos oscuros que se están
investigando, pero este es otro tema).
Tras la crisis del 2008, sobre todo, los Ayuntamientos se vieron incapaces de asumir los costes de mantenimiento de dichas instalaciones y algunos optaron por delegar esta tarea en los clubes locales. Sin embargo, la relación entre el club y el Ayuntamiento no siempre se ha sabido regular respetando la normativa administrativa que impone el régimen local y la contratación pública. Basta comprobar la ausencia de procedimiento licitatorio en la adjudicación de polideportivos, piscinas, salas y tatamis, entre otras muchas… que se gestionan sin un título legítimo y en competencia desleal frente a otras entidades especializadas en la gestión deportiva.
En el
mejor de lo casos encontramos unos instrumentos jurídico creados ad-hoc: el
“convenio de colaboración o gestión” con el cual, con más voluntad que acierto,
los responsables municipales han pretendido regular la gestión, por parte de un
club, de determinada instalación deportiva, fijando los derechos y obligaciones
de ambas partes. Con la actual legislación la mayoría de estos convenios se
encuentran deslegitimados. Sin embargo, algunos Ayuntamientos mantienen esta
situación irregular.
Este
modelo de gestión ha evidenciado graves problemas y distorsiones que han ido
apareciendo a lo largo de los años. En primer lugar, destaca la falta de
experiencia y cualificación del personal del club para mantener y reparar las
instalaciones especializadas (por ejemplo el césped artificial), así como otras
instalaciones de servicio como bombas de agua, acumuladores, luminarias, etc.
Esta situación ha influido en el rápido deterioro de las instalaciones.
En ocasiones los clubes, ante la falta de iniciativa del Ayuntamiento o por simple capricho de sus directivos, han realizado obras sin la autorización correspondiente (gradas, cobertizos, almacenes, etc.) en la propia instalación. Todas estas acciones irregulares de los clubes, han puesto en evidencia la falta de capacidad y reacción de algunos Ayuntamientos que se ha visto desbordados.
Se
puede concluir, tras evaluar la gestión de estas instalaciones deportivas
municipales que el modelo de gestión utilizado ha provocado innumerables
problemas relacionados, por un lado, con la falta de especialización de los
clubes para gestionar y mantener estas instalaciones y, por otro lado, con la patrimonialización
del bien público por parte de algunos clubes, que ante la dificultad de control
y falta de capacidad del Ayuntamiento, han actuado como si fueran los
propietarios, explotando la instalación de forma privada.
Uno de
los ejemplos más claros de este modelo de gestión es la de los campos de
fútbol.
Habitualmente
nos encontramos a un club gestionando una instalación municipal sin ningún
instrumento jurídico que regule dicha gestión o con convenios finalizados o
rebasados por la legislación actual. Esta situación genera una enorme
inseguridad jurídica.
En
algunas ocasiones se incumple el principio de igualdad de trato y libre
concurrencia, ya que, en el municipio existe más de un club y no todos pueden
optar a gestionar estas instalaciones. ¿Por qué unos si y otros no? La mayoría
de las veces nos encontramos con una decisión arbitraria.
La
mayoría de los clubes piden gestionar los campos de fútbol, ya que les sitúa en
una posición de ventaja sobre los demás clubes. Sin embargo, solo unos pocos
tienen este privilegio. El club gestor elige los horarios, fija la
planificación de la instalación y controla su disponibilidad. Los demás clubes
dependen de la mediación del Ayuntamiento para mantener la posibilidad de
disponer de campo. Lógicamente, aparecen los conflictos entre clubs que luchan
por los mejores horarios de entrenamientos y partidos.
Además,
gestionar un campo de fútbol municipal se ha convertido en una oportunidad
económica para el club gestor, que actúa como entidad sin ánimo de lucro y, por
tanto, con ventaja frente a otro tipo de entidades que pagan sus tributos por
la actividad económica que generan. Los clubes fijan las cuotas de los usuarios
(jugadores, deportistas). Se ha podido comprobar que los precios de las cuotas
oscilan entre los 400 y los 800 € anuales por jugador. Además, los clubes
obtienen beneficios de bares (que en algunos casos tampoco se pagan tributos),
del patrocinio y la publicidad estática, incluso de alquileres del campo a
entidades y empresas durante los huecos que deja la actividad propia y, hasta
de eventos o actividades como campus deportivos, tecnificación, la venta de
material, etc. Toda esta actividad económica deja bastante dinero en caja. Estos
beneficios no son siempre declarados al Ayuntamiento. Estamos ante una
verdadera explotación económica, ante un servicio privado de los clubes que
gestionan instalaciones públicas a cambio del mantenimiento de dicha
instalación que, como se ha comentado anteriormente, deja mucho que desear. Mientras
tanto el Ayuntamiento sigue invirtiendo millones de euros para reponer lo
deteriorado (por ejemplo el césped artificia).
Es más
rentable formar equipos de chicos que de chicas. Los horarios mejores los
disfrutan los equipos de superior categoría, después los equipos de promoción y
finalmente las chicas, en el mejor de los casos.
El
acceso a estos campos municipales de fútbol se limita a aquellos que pueden
pagar más de 400 € al año para que su hijo juegue en uno de estos clubes.
Los clubes
intentan seleccionar jugadores para aumentar su nivel deportivo. El prestigio
deportivo, sin duda, atraerá a nuevos usuarios y, por tanto, mayores ingresos.
Si para ello es necesario fichar a jugadores de otros municipios, los clubes no
se lo piensan y dejan sin jugar a los chavales del pueblo o del barrio. Esta
estrategia genera innumerables conflictos entre los clubes que ven cada verano
como tienen que luchar con padres y otras directivas para retener a sus mejores
jugadores.
Cuanto
mayor sea el nivel deportivo del club mayores cuotas se podrán cobrar y el
negocio mejora en expectativas. Sin embargo, el negocio no se plantea a largo
plazo, ya que no importa mucho que los entrenadores (principal recurso para la
formación), estén cualificados y contratados laboralmente, garantizando así la
seguridad de los menores y los propios derechos laborales de los entrenadores. Más
al contrario, todavía encontramos entrenadores sin ninguna cualificación y
cobrando en negro (salvo excepciones).
El
“Scouting” está de moda. Se trata, básicamente, de la función que
tradicionalmente realizaban los “ojeadores” de toda la vida. El fútbol
municipal se ha convertido en un mercado. Como decía el autor francés de la
obra “ninguna medalla vale la salud de un niño”, se busca ganado joven para,
después, venderlo al mejor precio.
Los
conflictos entre clubes son continuos. Se quitan los jugadores unos a otros.
Todo por mantener su posición de privilegio. Estos conflictos, a veces, llegan
hasta el campo cuando se enfrentan los equipos en partidos de liga, produciendo
incidentes de violencia verbal incluso física. La Federación nos podría contar
como algunos de los clubes le piden no enfrentarse con el vecino para evitar el
drama.
Definitivamente,
el modelo de gestión que se pretendía y que debería imitar el desarrollo de
unas auténticas escuelas deportivas, cuyo principal objetivo es la transmisión
de valores, la creación de hábitos saludables, la participación del barrio,
etc., nunca ha llegado a materializarse en estos casos. En cambio impera la
competitividad, la patrimonialización del bien público y la mercantilización de
la actividad.
¿Por
qué se mantiene este modelo de gestión? ¿Por qué no se ha actuado todavía si
esto se conoce? ¿Qué intereses impiden cambiar el modelo? ¿Se podría calificar
de prevaricación la actuación del Ayuntamiento que “a sabiendas” de lo que
ocurre no pone remedio a las problemáticas jurídicas expuestas?
En
algunos Ayuntamientos estas preguntas han caído en saco roto. Algún día tendrá
que enfrentarse el problema, pero de momento parece que se prioriza otro tipo
de política más conservadora, “mirar hacia otro lado”. El fútbol espanta al
responsable político, por su carácter mediático. No se sabe cómo hacer frente a
esta distorsión de la acción pública. Se construyen las instalaciones
deportivas con el objetivo de promover un deporte para todos, de carácter
social, que estimule los hábitos saludables, promueva el asociacionismo, etc.,
y nos encontramos con auténticos negocios y cambalaches, con clubes que fácticamente
se convierten en propietarios del bien público y que retan continuamente a los
responsables políticos y/o les amenazan con echarles encima a los participantes
si el Ayuntamiento nos e pliega a sus intereses.
Todo,
porque desde el principio no se han puesto las condiciones necesarias para
asegurar y proteger la actividad deportiva y a los deportistas o participantes.
El programa electoral del partido socialista proponía la fórmula de “gestión
participada” como alternativa a los actuales convenios de colaboración entre
los clubes y los Ayuntamientos.
Los
clubes deben dedicarse a gestionar las actividades y, el Ayuntamiento a mantener
las instalaciones deportivas. Los clubes pueden ayudar pero no ocuparse de esta
tarea especializada.
Por
otro lado, ningún club debe recibir más privilegios que otros. No puede haber
una decisión arbitraria. Es necesario consensuar un programa deportivo que sea
respetado por todos y que garantice un deporte de calidad y los derechos de los
deportistas, participantes. Sobre todo el derecho educativo de los menores, es
decir, el derecho superior que tienen los menores de recibir la mejor formación
posible. La Administración debe garantizar estos derechos procurando que los
clubes aporten los mejores entrenadores, programaciones didácticas como las auténticas
“escuelas deportivas”, material homologado y una dirección técnica cualificada que
coordine la actividad no solo deportiva sino también pedagógica. Facilitar la incorporación
de las chicas a todos los equipos y campos. Priorizar el acceso de los niños y
niñas del barrio. También es necesario controlar los gastos, ajustar las cuotas
al precio real del servicio y garantizar el acceso de aquellos que no pueden
pagar por encontrarse en situación de riesgo de exclusión social (sistema de
becas, ayudas…).
La
fórmula de la gestión participada, para gestionar este tipo de instalaciones,
ya se ha experimentado en algún municipio con notable éxito. Por un lado, los
clubes pueden crecer y beneficiarse de los servicios municipales y, por otro,
el Ayuntamiento promueve un deporte educativo y sano que es su obligación. El
Ayuntamiento, en este caso debe vigilar el cumplimiento del programa y exigir a
los clubes que cumplan con sus obligaciones: ayudar en la gestión de la
instalación y respetar las exigencias legales y desarrollar el programa
educativo.
Sin
embargo, la verdad es que el fútbol es como lo hacemos las personas. Hay buenos
y malos directivos, interesados y desinteresados. Lo apropiado es ofrecer desde
la acción pública un modelo de gestión, de las instalaciones deportivas,
sostenible y equilibrado para fomentar un asociacionismo deportivo que verdaderamente
contribuya a las finalidades públicas y, en definitiva, al interés general. Por
otro lado, es preciso descartar y denunciar modelos que primen la
arbitrariedad, fomenten la patrimonialización de las instalaciones públicas y
el negocio fácil.
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