Inspecciones y multas al deporte de base por no cumplir con la legislación laboral

Desde hace tiempo se viene especulando con la situación “irregular” de los técnicos deportivos que de forma voluntaria prestan sus servicios en los pequeños clubes deportivos y escuelas deportivas que organizan los “coles”. Se trata de entrenadores y colaboradores del deporte formativo, personas que dedican su tiempo a entrenar durante unas  horas a la semana, que cobran entre 100 y 300 € al mes como compensación por ese esfuerzo, son la base del deporte en estos momentos. Hasta ahora los sustos han sido como el del cuento del lobo y las ovejas, ¡que viene el lobo! Pero el lobo nunca ha asomado las orejas.

La Inspección de Trabajo considera que todos estos técnicos deportivos tienen una relación laboral con los clubes. Además se plantea sancionar a los clubes aplicando con retroactividad de cinco años la infracción. La Dirección General  de la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social, ya desde hace unos meses, se encuentra ultimando un plan para regularizar esta situación en el deporte. En Cataluña se han impuesto multas importantes y solo la negociación de algunas federaciones deportivas y la propia Generalitat han logrado pactar una corta tregua.

Si esta situación se generaliza puede provocar un auténtico “sunami” en el ámbito del deporte aficionado (sobre todo escolar) en todo el país. Si los clubes se ven obligados a regularizar a sus técnicos; si además, se reducen las subvenciones tanto públicas como los patrocinios privados por causa de la crisis; el sobrecoste será importante, se deberán aumentar los cargos a las familias y algunos no llegaran. 

Por otro lado nos encontramos con la situación del deporte profesional que, además de consumir abundantes recursos públicos, en el caso concreto del fútbol y el básquet, mantienen fuertes deudas con hacienda y la seguridad social. Según informe del CSD el endeudamiento de los clubes de la Liga BBVA es de casi 3.600 millones de euros, de los que 475,6 corresponde al dinero que deben a Hacienda y 7,7 millones a la Seguridad Social. En el caso de la Liga Adelante, la deuda es de 522,4 millones. De ellos, 139,2 millones se adeudaban con Hacienda y 7,1, a la Seguridad Social (datos del ejercicio 2010/11).

Pero, es que además, poniendo en riesgo el deporte de base o aficionado también se verá afectado el deporte profesional del futuro. ¿Cuántos deportistas se perderán en el futuro si no se les ofrece la posibilidad de iniciarse en el deporte debido a la falta de estructuras organizativas, clubes, etc.?

Es necesario, con urgencia, y además sería lo justo, diseñar una hoja de ruta entre todos los interlocutores (familia del deporte y también el gobierno) para impulsar la regulación laboral y profesional de estos técnicos (algo que es deseable) después de tantos años en el olvido. No obstante, no se puede entrar como un elefante en la cacharrería cuando la responsabilidad en el fomento del deporte ha sido compartida entre los poderes públicos y las iniciativas civiles. Cuando, durante tantos años, la Administración ha hecho omisión de su responsabilidad en el control laboral y económico de este sector.

Nuestra propuesta pasa por la convergencia de oportunidades que puedan ser aprovechadas en la actual coyuntura de crisis y que supondría una auténtica vía de regularización de esta situación. En primer lugar debemos reconocer que estas prestaciones que realizan los técnicos deportivos, son prestaciones económicas que realizan a cambio de unas compensaciones económicas que mayoritariamente provienen del pago de cuotas por parte de las familias. Esta situación debe regularizarse, tanto por bien del propio técnico como de la sociedad en general. Debemos intentar acabar con esa economía sumergida.

Por otro lado las entidades sin ánimo de lucro desarrollan una labor inmensa en al promoción de un bien social como es el deporte, que contribuye a mejorar la salud y la formación integral de las personas (sobre todo los/as menores). Para que dicha contribución sea eficaz se precisa que la cualificación de los técnicos sea adecuada y por ello, algunas Comunidades Autónomas exigen a estas personas estar en posesión de una titulación oficial que ofrezca garantías. Cualificación y voluntarismo son difíciles de conjugar y los resultados los estamos padeciendo. Por ello, se deberían exigir buenos profesionales y cualificados.

Desde Europa se están impulsando medidas para la reactivación del empleo juvenil. En España es especialmente grave la situación del paro juvenil que sobrepasa el 50% de la población. Por otro lado, la media de edad de los técnicos deportivos es bastante baja y la mayoría de estas personas son jóvenes que están sufriendo, directamente en sus propias carnes,  esta situación general.

Nuestra propuesta pasaría por estudiar la posibilidad de asumir los costes laborales por parte de la Administración durante el periodo que se establezca y que permita el plan de promoción de empleo juvenil. En unos años y de forma progresiva podrían ir asumiendo estos costes laborales los clubes. De esta manera se conseguiría incentivar el deporte (sobre todo de base) y regularizar una situación que desprotege tanto al propio técnico deportivo como a los usuarios, deportistas. Además con la cualificación se incentivaría la formación oficial.

Hacer emerger a la superficie la masa de entrenadores, monitores,… que en estos momentos prestan sus servicios deportivos en estas organizaciones voluntarias (clubes, escuelas…)  supondría un buen empujón al empleo juvenil y además una reducción en las cifras del paro. Además, esta regularización debería acompañarse de una  regulación de las profesiones del deporte, ya que, no solo nos debemos preocupar por la situación laboral de estos técnicos deportivos,  de su futuro, su cotización a la seguridad social y su contribución mediante los impuestos correspondientes al presupuesto general de nuestra hacienda. Debe preocuparse también la Administración de proteger al deportista (usuario o consumidor del deporte), para que sea atendido por un profesional cualificado que evite riesgos innecesarios que pueden producirse por una mala o negligente aplicación de la sistemática del ejercicio o entrenamiento. Todo ello sin hablar de los beneficios y ahorros que para nuestra sanidad se pueden producir. Batallas como la lucha contra la obesidad o el sobrepeso, las enfermedades cardiorrespiratorios, y demás patologías que se producen por la ausencia o mal uso del deporte y la actividad física.

Esperemos que algún responsable de gobernar lo vea.